CIUDAD POR CÁRCEL (II)

Quién sabe cuántos hombres desdichados, mientras Cervantes al otro lado de la mar océana escribía su “Quijote”, imaginaban escenas que nunca salieron de las piedras manchadas de gritos. Don Miguel tuvo la fortuna de estar (y quedarse) en el lado augusto de la mar océana, y no me refiero solamente a que se quedó en una tierra que a la larga sería mucho más desarrollada y por eso mismo más grata para vivir que la que quiso conocer y poblar, sino al hecho de que, por quedarse, pudo convertirse en la más grande figura de las letras de todos los tiempos, el símbolo eterno de la literatura, el paradigma de los hombres de letras, rivalizado apenas por un inglés que también se quedó en el viejo continente, o por un italiano que ya había vivido y muerto mucho tiempo antes que esos dos que tuvieron la ocurrencia de morir en la misma fecha, aunque no en el mismo día. Recluidos estuvieron, además de perseguidos de cualquier índole, gobernadores, funcionarios de alta jerarquía, presos de alcurnia y peso social. Así también podría escribirse buena parte de la historia de Caracas, de Venezuela y hasta de la América humana. Entre los primeros encarcelados de la Colonia (aunque no en la Cárcel Real, que no existía aún, sino en la casa del gobernador) estuvo, como vimos el famoso Vizcaíno don Simón de Bolívar (1532-1612), fundador de su linaje en Venezuela, que terminó encerrado por el severo Sanchorquiz, según narra Luis Alberto Sucre (Sucre. Luis Alberto, Op. Cit., p. 101). De ser verdad, podría estar en esa remota prisión una de las causas de la rebeldía de su descendiente, el Libertador, contra la injusticia española de su tiempo en América. Don Diego de Portales y Meneses, conflictivo gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela entre 1721 y 1728 sí llevó sus huesos a las mazmorras de la esquina de Principal con toda seguridad, y no una, sino dos veces. Sucedió Portales en su cargo a un personaje cuya combinación de nombres haría temblar o reír a cualquier venezolano de hoy medianamente informado: Marcos de Betancourt y Castro (aun cuando en realidad su apellido era Bethencourt), canario de nación, que por haber hecho una donación de 10.000 pesos al rey Felipe V fue recompensado con el cargo de gobernador y capitán general de Venezuela, a condición de que esperara hasta 1716, año en el que terminaría el “período” de don José Francisco Cañas y Merino, un extraño personaje, depravado y libertino, que puede ser considerado precursor del general Cipriano Castro, pues de él se dice que robaba niñas, seducía o violaba doncellas y cometía toda clase de tropelías, por lo que los regidores enviaron al rey un expediente y lograron que fuera finalmente depuesto en 1714 (Sucre, Luis Alberto, Op. Cit., pp. 207-213), fecha en la cual, pasando por alto el compromiso con don Marcos, se nombró gobernador Interino a Alberto Bertodano y Navarra; Cañas y Merino murió en Madrid, y Betancourt se negó a esperar más, se vino a Venezuela y tomó posesión de su recompensa el 4 de julio de 1716, luego de un accidentado viaje en el que tuvo que desembarcar en Chuao (actual estado Aragua) y viajar a caballo hasta Caracas. Desde el inicio de su gestión, Betancourt y Castro proclamó que se opondría al contrabando, no sabemos si para monopolizarlo él, pues eso de comprar el cargo no debe haber sido por el honor de ejercerlo, y desde el comienzo, también, tuvo todo tipo de dificultades. Encomendó a su paisano, don Diego de Matos Montañés, el cargo de Juez de Comisos y Cabo de Guerra, con amplísimas atribuciones para atacar de raíz el “trato ilícito”. La actuación de Matos generó todo tipo de enfrentamientos, cuya conclusión fue el intento de asesinato de José Sigala, secretario de Matos, en Guanare, en donde parecería que hasta el cura se dedicaba al matute y Matos pretendía hacer valer su autoridad para castigar en forma ejemplar a don Juan Ortiz, persona muy apreciada por los guanareños. Hubo un pleito sin remedio entre Matos, que representaba la autoridad del gobernador, y el Ayuntamiento. Intervino el gobernador y ordenó el arresto de los “principales cabecillas del alboroto”, orden que no se cumplió. El Virreinato de Nueva Granada ordenó entonces a don Marcos de Betancourt y Castro que se inhibiera en el pleito entre Matos y los alcaldes guanareños y envió a los Jueces de Comisión a don Pedro de Olavarriaga y Urquieta, que por los nombres debe haber sido vasco hasta los tuétanos y más adentro, y a don Pedro Martín de Beato, que a pesar del apellido debe haber sido cualquier cosa menos santo. Ambos decidieron arrestar a los alcaldes y embargarles los bienes, pero los alcaldes ya lo tenían previsto y opusieron a las medidas una sentencia de la Audiencia de Santo Domingo en la que se ordenaba al gobernador y “a cualesquiera otros juezes que lo pretendan” que se inhibieran de conocer la causa. Era un enfrentamiento entre el poder municipal y la gobernación, por una parte, y entre la gobernación y el poder judicial, por la otra. Los alcaldes no fueron castigados y, al poco tiempo, don Diego de Matos Montañés enfrentó serias acusaciones, según las cuales atacaba a los contrabandistas para poder “ejercerlo él solo”. Fue depuesto y preso por Betancourt y Castro, pero logró escaparse y llegar a Bogotá, en donde acusó a su acusador de lo mismo de lo que a él lo acusaban, y logró que Jorge de Villalonga, Virrey de Santa Fe, ordenara que el Virreinato destituyera al gobernador y que lo sustituyera don Antonio José Álvarez de Abreu, quien en el pleito, consultado por Betancourt, más bien había favorecido a Matos. Allí se creó un nuevo problema, pues el Ayuntamiento de Caracas no aceptó la designación de Álvarez de Abreu valiéndose de una real cédula que les daba derecho a que los alcaldes suplieran al gobernador en caso de ausencia. Betancourt y Castro se defendió con éxito de las acusaciones que le hacían, y a su vez acusó a Matos, Olavarriaga y Beato de ser ellos los que favorecían el contrabando. Es entonces cuando interviene el Consejo de Indias, que decide en favor de los alcaldes ordinarios, pero también les ordena que entreguen el gobierno a Diego Portales y Meneses para que, como nuevo gobernador y capitán general, a su vez, le siga juicio de residencia a Marcos Betancourt y Castro no sin antes ponerlo en libertad. Los enredos políticos del Siglo XVIII, como se ve, eran tan complicados como los del XX o el XXI. Se encargaron de la gobernación Antonio Blanco Infante, uno de los antepasados de Simón Bolívar, y Mateo Gedler, otro de los antepasados de Simón Bolívar, a quienes sucedieron Alejandro Blanco y Villegas, también antepasado de Simón Bolívar, y Juan de Bolívar y Villegas, antepasado de Bolívar (Sucre, Luis Alberto, Op. Cit. pp. 219-218). Portales y Meneses lo primero que hace es enfrentarse al Virrey de Santa Fe por el lío de Betancourt y Castro, y lo segundo es desconocer el derecho de los alcaldes de gobernar en su ausencia e imponer al Obispo Juan José Escalona y Calatayud como gobernador interino, lo cual es apelado ante el rey, quien por real cédula les da la razón a los alcaldes. La pequeña ciudad está claramente dividida en dos bandos: En uno están el gobernador, el obispo y algunos regidores, y en el otro los alcaldes y los demás regidores, acompañados por la nobleza local. Era ya claro el enfrentamiento entre los españoles peninsulares y los españoles de Indias, entre cuyos descendientes se formará el partido de los independistas, republicanos y revolucionarios. Es entonces cuando empieza el sistema dicotómico que más o menos se ha seguido usando hasta ahora: Godos y liberales, socialcristianos y socialdemócratas, fascistoides pseudo socialistas y demócratas, unos y otros. Don Diego Portales llevó su celo partidista al extremo de entorpecer de manera evidente la acción de un Juez de Residencia y de una comisión enviada por el gobierno virreinal.

(Continuará)

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